Las pymes están atravesando un período de transición en la economía argentina que las lleva a revisar su toma de decisiones a corto y mediano plazo. En la encuesta realizada por la consulta PWC Argentina sobre las expectativas de las pymes para este 2015, dos de cada diez empresarios manifestaron que disminuirían su dotación de personal aunque el dato alentador es que solo el 29% de los encuestados estima que los resultados de su empresa estará por debajo de los obtenidos en 2014. Al consultarles por los problemas a los que se enfrentan en el actual clima de negocios, el 73% expresó el incremento en los costos laborales y al alza constante en los precios de las materias primas.

 

La inversión del sector viene retrocediendo en un promedio del 4,3 % en los últimos 3 años y cinco de cada diez empresarios expresan no haber conseguido ningún crédito por la complejidad de los trámites y las altas tasas de interés. Sin embargo, las normativas del Banco Central permiten actualmente prestar a las pymes a una tasa subsidiada del 17,5 %. Claramente, Argentina necesita recuperar el nivel de inversiones en 2016 en base a un nivel de confianza y previsibilidad para realizar negocios que de acuerdo a la percepción del empresariado local se encuentra ausente en estos momentos. Para la futura administración de la política-económica argentina se encuentran dentro de la agenda de temas los siguientes y en este orden: inflación, presión tributaria, tipo de cambio previsible, sostenible y competitivo, restricciones aduaneras y cambiarias y financiamiento.

 

Hace unas semanas, la CAME solicitó a la ministra de Industria Debora Giorgi la actualización de los montos de facturación máximos ajustados por última vez en abril de 2013 que han quedado desactualizados por el impacto de la inflación. La sugerencia fue realizar dicha modificación en base al índice inflacionario del INDEC. De no corregirse, muchas pymes serían alcanzadas por la ley de Abastecimiento la cual fue diseñada para corregir las distorsiones de oferta y precio en la cadena de valor de las grandes empresas.

 

Los montos topes para ser considerado una PYME hoy son de $54 millones de para la actividad agropecuaria, $183 millones para Industria y Minería, $ 250 millones para Comercio, $53 millones para servicios y $84 millones para construcción. A su vez, la actualización permitiría que las empresas que han quedado por fuera de estos topes sean incluidas nuevamente para el acceso al crédito de inversión productiva a tasa subsidiada, lograr el acceso a una garantía otorgada por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), presentar ofertas 5% más altas en los programas de compre al sector Público o pagar tasas por contribuciones patronales del 17% y no del 21% como le corresponde a las grandes empresas.

 

Para los microemprendedores que desean dar un salto cuantitativo y cualitativo en su negocio, la situación no está mucho mejor: luego de más de 3 años sin actualizar las escalas de las categorías del Monotributo -la última adaptación fue en septiembre del año 2013- el impacto inflacionario está llevando a que este segmento dinámico y con un fuerte proyección de valor agregado a la economía hoy tenga un tope de $ 400.000 para servicios y $ 600.000 para comercio.

 

Mientras una reforma impositiva progresiva, gradual y de pago coherente y sostenible para este segmento de la economía sigue pendiente en nuestro país, al menos para evitar más impacto en el deterioro del sector, se hace imprescindible actualizar nuevamente las categorías en base a la inflación de los últimos 2 años.

 

Por Damián Di Pace